Este requerimiento se hizo oficial a través de la entrada en vigor de la Ley 8/2013 de 26 de junio, la cual estableció el certificado energético de la vivienda como indispensable para la venta cualquier inmueble, ya sea al contado o por intermedio de hipotecas, y para su alquiler también. No disponer de este certificado energético, de acuerdo con lo que dicta la ley, es una infracción, que conlleva una multa de entre 300 y 600 euros para el anunciante.